Sindicato del Poder Judicial de Yucatán denuncia abusos

El Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán ha emitido un enérgico comunicado denunciando lo que consideran graves atropellos a sus derechos laborales y un patrón de favoritismo por parte de los nuevos magistrados. La situación ha llevado a esta organización sindical a convocar a una marcha de protesta que se llevará a cabo el próximo domingo a las 9 de la mañana.

Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista, expresó su preocupación durante una rueda de prensa, donde detalló los problemas que enfrentan los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Uno de los principales puntos de preocupación es la creciente exigencia de requisitos para acceder incluso a los puestos más básicos, incluyendo la necesidad de contar con una cédula profesional, lo que está generando obstáculos significativos para los empleados en busca de empleo.

La contratación de estudiantes de derecho para puestos de proyectistas, roles considerados de gran importancia y con salarios superiores a los 30 mil pesos, es otro asunto que ha causado malestar. Según Martín Puc, entre 10 y 15 estudiantes han sido contratados para estas posiciones, lo cual se percibe como una práctica poco ética por parte de los magistrados. Esto es especialmente notorio dado que en la primera instancia se requieren múltiples requisitos y experiencia en la carrera judicial para ascender, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y meritocracia en el proceso de contratación.

Víctor Hugo Huchim Torres, secretario de conflictos del sindicato, resaltó que en Primera Instancia en materia penal, no ha habido convocatorias en más de 12 años, a pesar de la existencia de vacantes. Esta situación ha limitado significativamente las oportunidades de ascenso para los trabajadores del Poder Judicial, lo cual es una de las demandas principales del sindicato: la reactivación de la carrera judicial.

Además de estas preocupaciones, el sindicato está exigiendo la basificación de los trabajadores que cumplen con los requisitos de la ley y han laborado durante más de tres años, en lugar de ser contratados de manera temporal. También se busca la homologación de salarios para aquellos empleados que desempeñan funciones de una categoría superior a la que ocupan, pero reciben un salario inferior.

Los sindicalistas han señalado que los nuevos magistrados, que carecen de carrera judicial, están actuando de manera arbitraria, ya que tienen la seguridad de sus cargos por un período de 15 años. Específicamente, la magistrada Lizette Mimenza ha sido mencionada por reiterar que su permanencia en el cargo está asegurada por más de una década.